El pasado 6 de agosto, los candidatos presidenciales debatieron sobre el futuro de la minería chilena, un sector que representa cerca del 14% del PIB y una parte importante de nuestras exportaciones. Un sector clave para la transición energética, pero hoy enfrentado a una disyuntiva estructural. Avanzar bajo una lógica que garantice protección ambiental y legitimidad social, o pisar el acelerador en nombre de la inversión, aunque eso implique tensionar los límites ecológicos y poner en riesgo la coherencia de una transición que, narrativamente, pretende ser “justa” y “sustentable”.

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