En los últimos meses, se ha instalado con fuerza una narrativa que busca posicionar a las organizaciones de la sociedad civil como un obstáculo para el desarrollo del país, especialmente a aquellas que se encuentran ligadas al mundo del activismo climático y ambiental. Una narrativa que definitivamente no es nueva, pero que en el último tiempo se ha alimentado tanto de declaraciones desafortunadas en foros empresariales como las de la candidata Evelyn Matthei y el supuesto freno de la industria salmonera, como de proyectos legislativos que buscan reducir la discusión ambiental a una cuestión de eficiencia administrativa.
La reciente aprobación de la Ley Marco de Permisos Sectoriales por parte del Congreso refuerza esa misma lógica. Se ha presentado como un paso hacia la eficiencia institucional y la atracción de inversiones, con la promesa de reducir en un 70 % los plazos de tramitación,sin embargo, lo que está en juego no es solo cuánto demoran los permisos, sino quién decide, cómo se decide y con qué criterios se evalúan los impactos sobre los territorios, las personas y los ecosistemas.
Desde organizaciones sociales, comunidades y sectores académicos hemos advertido que el problema no es la cantidad de permisos, sino la falta de planificación estratégica, la fragmentación institucional y las débiles capacidades técnicas del Estado. En muchos casos, los retrasos son provocados por los propios titulares de proyectos, que solicitan suspensiones o ingresan información incompleta. La respuesta a estos problemas no puede ser simplemente acortar plazos: debemos apuntar a fortalecer las capacidades públicas, profesionalizar la evaluación ambiental y garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana.
Hoy el debate ha puesto algo mucho más profundo en juego: la posibilidad de construir un desarrollo que no sacrifique lo social ni lo ambiental en nombre de la promesa de un crecimiento económico. Tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a vivir en un ambiente sano forma parte del núcleo de los derechos humanos. Debilitar la evaluación ambiental o excluir a las comunidades del proceso de toma de decisiones es también debilitar la democracia y el Estado de derecho.
El uso del término “permisología” como sinónimo de traba burocrática es parte de este giro regresivo. Busca instalar la idea de que la protección ambiental es un lujo o un capricho ideológico, y no una condición esencial para la sostenibilidad del país. Las ONGs no están frenando el desarrollo, están exigiendo que se haga bien, con evidencia científica, con participación informada y respeto a los límites ecológicos y sociales.
Hemos visto recientemente cómo algunas candidaturas presidenciales despliegan una estrategia de deslegitimación del rol de la sociedad civil, en un momento en que esta cumple funciones cruciales: proteger ecosistemas, educar a nuevas generaciones, acompañar procesos comunitarios y cubrir vacíos que el Estado ha sido incapaz de abordar.
Chile debe ser coherente con sus compromisos internacionales para enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad y avanzar hacia la transición energética. Esto no es compatible con flexibilizar normas ambientales como si fueran meros gestos.La evaluación ambiental no puede seguir siendo vista como un trámite o un obstáculo para el desarrollo. Es una herramienta para asegurar que los proyectos sean técnicamente viables, socialmente legítimos y ambientalmente sostenibles. Y en ese marco, el rol de las organizaciones sociales no es frenar, sino contribuir a que ese equilibrio se alcance.
Necesitamos una reforma transformadora de la evaluación ambiental, pero requiere de una mirada estructural que profesionalice al Estado, democratice la toma de decisiones e incorpore criterios de justicia territorial e intergeneracional. Y esta reforma debe ser construida con las organizaciones y sociedad civil, porque no, no somos el enemigo. El verdadero enemigo es la improvisación, la captura del Estado y la persistencia de un modelo que, en nombre del crecimiento, pone en riesgo nuestro futuro común. Apostar por otro camino no es detener el progreso, es la única manera de asegurar un futuro para nuestra vida.
