La Declaración Nacional de la Juventud sobre Cambio Climático en Chile 2022 es el documento oficial de la LCOY2 Chile, elaborado como una postura común de las juventudes chilenas frente a la crisis climática y presentado el 20 de agosto de 2022. La declaración se construyó como un insumo de incidencia para espacios nacionales e internacionales, incluyendo la RCOY Latinoamérica, la COY17 y la COP27.
El proceso convocó a más de 350 jóvenes de distintos territorios del país y culminó en jornadas presenciales realizadas en Valparaíso entre el 11 y el 13 de agosto de 2022. Su metodología se organizó en cuatro etapas: investigación y diagnóstico, diseño de peticiones, validación, y difusión e incidencia. A partir de talleres educativos, jornadas participativas y plenarios climáticos, se pasó de un borrador con 58 peticiones a una declaración oficial con 13 peticiones priorizadas.
El documento se estructura en cuatro ejes temáticos: Justicia Ambiental; Adaptación, Pérdidas y Daños; Transición Justa; y Acción y Empoderamiento Climático. Estos ejes están atravesados por dos pilares valóricos centrales: la justicia climática y la participación de la juventud. Desde esta perspectiva, la declaración plantea demandas concretas sobre participación ciudadana vinculante, fiscalización ambiental, acceso universal a la justicia ambiental, desplazamientos climáticos, adaptación de ciudades, gestión descentralizada de pérdidas y daños, retiro o reconversión de industrias contaminantes, restauración de ecosistemas y educación ambiental inclusiva.
La declaración también da continuidad al trabajo iniciado por la LCOY1 Chile en 2021. En su evaluación, reconoce que el gobierno anterior cumplió 11 de las 30 propuestas levantadas el año previo, mientras que el gobierno entrante manifestó compromiso con 25 de ellas, incluyendo avances como la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú en junio de 2022. Sin embargo, el documento enfatiza que estos avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis climática.
Más que una síntesis de demandas juveniles, esta declaración funciona como una hoja de ruta para la acción climática con enfoque de derechos humanos, justicia territorial e incidencia intergeneracional. Su valor está en demostrar la capacidad de las juventudes chilenas para organizarse, diagnosticar problemas complejos y formular propuestas concretas para transformar la política climática nacional desde una mirada más justa, participativa y territorial.
