Chile está en un punto de inflexión. La megasequía más larga de la historia, los incendios forestales más devastadores, el retroceso acelerado de glaciares y los tornados en centros urbanos ya no son advertencias lejanas: afectan la vida diaria, encarecen los servicios básicos y reducen empleos.

El pasado 6 de agosto, los candidatos presidenciales debatieron sobre el futuro de la minería chilena, un sector que representa cerca del 14% del PIB y una parte importante de nuestras exportaciones. Un sector clave para la transición energética, pero hoy enfrentado a una disyuntiva estructural. Avanzar bajo una lógica que garantice protección ambiental y legitimidad social, o pisar el acelerador en nombre de la inversión, aunque eso implique tensionar los límites ecológicos y poner en riesgo la coherencia de una transición que, narrativamente, pretende ser “justa” y “sustentable”.

Chile consume más de 1,2 millones de toneladas de plástico al año y recicla apenas un 8%. Mientras tanto, el 75 % de los desechos encontrados en nuestras playas son plásticos de un solo uso. Esa es la realidad. Sin embargo, la diferencia entre lo que vemos en las negociaciones internacionales y en casa nos muestra doble estándar indignante.

En los últimos meses, se ha instalado con fuerza una narrativa que busca posicionar a las organizaciones de la sociedad civil como un obstáculo para el desarrollo del país, especialmente a aquellas que se encuentran ligadas al mundo del activismo climático y ambiental. Una narrativa que definitivamente no es nueva, pero que en el último tiempo se ha alimentado tanto de declaraciones desafortunadas en foros empresariales como las de la candidata Evelyn Matthei y el supuesto freno de la industria salmonera, como de proyectos legislativos que buscan reducir la discusión ambiental a una cuestión de eficiencia administrativa.

Uno de los problemas estructurales que arrastra el sistema chileno no es la cantidad de permisos, sino la fragmentación institucional y la falta de planificación estratégica. Por Carla Ovalle, periodista Fundación Uno.Cinco, y Sebastián Orellana, coordinador ejecutivo ONG RedPE

Me preocupa que aspirantes a la presidencia vean en la defensa ambiental un obstáculo. Más bien, deberían ver a las ONGs como aliadas fundamentales para corregir las brechas que el Estado no ha sido incapaz de abordar: ya sea protegiendo humedales, promoviendo energías limpias o educando a nuevas generaciones sobre la riqueza de nuestro entorno.

La posibilidad de que Valparaíso se transforme en la sede del futuro tratado BBNJ es una noticia que debe llenarnos de orgullo. Significaría ubicar a Chile en el centro de una arquitectura de gobernanza oceánica con estándares científicos, multilaterales y vinculantes.

Según la ley, ante el caso de que un municipio no haya elaborado el PACCC debería sancionarse con una multa correspondiente a una remuneración mensual del respectivo alcalde/sa. En teoría, más de 300 autoridades comunales estarían sujetos/as a esa medida.

29 de agosto de 2024 – La Academia de Transición Energética ha alcanzado un hito significativo al registrar un

Santiago, Chile, 19 de julio de 2024.- La Academia de Transición Energética Latinoamérica y el Caribe (ATE LATAM)