Chile está en un punto de inflexión. La megasequía más larga de la historia, los incendios forestales más devastadores, el retroceso acelerado de glaciares y los tornados en centros urbanos ya no son advertencias lejanas: afectan la vida diaria, encarecen los servicios básicos y reducen empleos. Según datos de la Coalición para Infraestructura Resiliente (CDRI), Chile pierde en promedio US$ 4.500 millones al año por desastres naturales, cerca del 1,5% del PIB. A esto se suma otro dato crítico: en casi dos años, las cuentas de luz han aumentado un 70%, en gran parte por la dependencia de combustibles fósiles importados, que constituyen el 98% del consumo nacional.
Nuestro país vive un experimento energético único en el mundo. En una década, pasamos de cerca del 8% al 48% de participación solar y eólica en la generación eléctrica; una meta que en 2015 se veía para 2050. Ese salto no lo protagonizó un país rico y desarrollado, lo hicimos acá: con aciertos y errores, pero marcando el rumbo. Sin embargo, el hogar todavía no siente con fuerza ese liderazgo: las cuentas de luz siguen altas porque dependemos de combustibles importados y de una arquitectura de mercado que no captura del todo los costos más bajos de las renovables. Si pensamos primero en nuestros beneficios locales, podemos blindarnos de esa volatilidad y transformar récords eléctricos renovables en bienestar cotidiano.
En este escenario, el programa del oficialismo, titulado “Un Chile que cumple”, da un giro claro hacia la inversión: propone ventanilla única de permisos, eliminación del Comité de Ministros y una oficina presidencial para destrabar proyectos. También plantea metas como alcanzar 6 GW de almacenamiento para 2028, que al 2030 el 20% de la capacidad instalada cuente con sistemas de almacenamiento, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, el aumento de la producción de litio en un 30% en el corto plazo (y el doble en diez años), la expansión del transporte público eléctrico y la construcción de plantas desaladoras multipropósito.
Lo que nos llama la atención, es que el programa omite propuestas valiosas que surgieron en las primarias oficialistas y que sí conectan con la vida cotidiana. Jaime Mulet planteó el “millón de techos solares” para abaratar las cuentas e impulsar el autoconsumo. Carolina Tohá, participación ciudadana vinculante en línea con el Acuerdo de Escazú para evitar la imposición de proyectos dañinos. Gonzalo Winter planteó parques solares municipales y generación distribuida, que permitirían a las comunas convertirse en productoras de energía limpia y rebajar tarifas. Además, reconoció la necesidad de frenar y eliminar las zonas de sacrificio, el mismo mensaje que el ex Presidente Piñera entregó en la Asamblea de la ONU en septiembre 2019. Nada de esto aparece con claridad en el programa de la candidata Jeanette Jara.
Estas no son medidas abstractas: son propuestas concretas que pueden mejorar la vida de las personas desde ahora. Techos solares significan hogares que no pasan frío en invierno. La generación distribuida significa barrios con facturas más bajas y empleo local.
Por eso, la gran pregunta no es si Chile cumplirá con más inversión, sino si cumplirá con su gente. El programa del oficialismo todavía puede corregir el rumbo: integrar techos solares y generación distribuida, calendarizar el retiro del carbón, robustecer la participación ciudadana y asegurar que el almacenamiento y el hidrógeno reduzcan de verdad las cuentas y la contaminación. Si lo hace, no solo cumplirá con metas de inversión: cumplirá con la economía, con la salud y con el bienestar de las y los chilenos en la era de la crisis climática.
