Por Carla Jorquera

Chile ya ha acumulado alrededor de dos semanas con focos de incendio activos. Con cifras históricas para el país que llegan a 21 muertos, 305 heridos, más de 20 mil personas afectadas y 64 mil hectáreas que el fuego ha consumido en uno de los veranos más calurosos para la zona centro-sur del país según las cifras oficiales del gobierno.

Una historia que no es nueva y una situación que hoy ya ha puesto al límite a las comunidades, las organizaciones ambientales y al equilibrio de la propia naturaleza. Hoy con 18 focos activos, han acudido bomberos, brigadistas, el sector público y privado, e incluso creadores de contenido. La emergencia es evidente, pero una vez más la política no llegó a tiempo. 

Durante esta semana organizaciones de la sociedad civil convocaron a manifestaciones para el 30 de enero, en un grito desesperado por evidenciar la fuerte crisis que no termina con los focos encendidos, sino que también nos desafiará después con los daños en la infraestructura, en las vivendas, pero sobre todo con una realidad que se disputa en las cenizas: qué pasa con esas hectáreas quemadas, quién se hace responsable y que hacemos con la desigualdad que un incendio deja entre ver a la hora de reconstruir a las comunidades afectadas.

Temporada de incendios, un lenguaje y una política que ya aceptó la crisis 

Hoy en el país, al llegar el verano, se comienza a hablar de inmediato de temporada de incendios, como si fuese una especie de arco dramático inevitable. Hemos entendido los incendios como una realidad inherente al verano, sobre todo en la zona centro sur del país, la que ha concentrado el 80% de los megaincendios desde 2010 según cifras de la Fundación Reforesremos. 

Lamentablemente, esto también se ha reflejado en la toma de decisiones. Dos años, con dos veranos con megaincendios, tuvieron que pasar para que se aprobara la Ley de Incendios Forestales. Y a pesar de su aprobación, uno de los puntos que mayoritariamente preocupaba a las organizaciones socioambientales y comunitarias quedó fuera: el uso de suelo. 
En el proyecto original, presentado en el 2021, se establecía que no se podrían realizar cambios en el uso de suelo tras un incendio en un plazo de al menos 25 años. Y es que el espíritu de este punto, más allá de lo que digan sus detractores, era dar un periodo de tiempo prudente en que ese ecosistema pueda recuperarse, no aprovechar su deterioro. El proyecto de ley que se aprobó finalmente esta semana no incluye este artículo, y dado el escenario político, se ve sumamente complejo que pueda integrarse. 

Y ahora ¿qué?

Diversas organizaciones como No Más Zonas de Sacrificio, Quebrada Andina y Parque para Penco, han convocado a manifestaciones para el 30 de enero, llamado al que se han sumado una serie de otras organizaciones de Santiago, Valparaíso, Ñuble y Concepción. La legitimidad del llamado parece incuestionable, y es que tras ver una crisis que se repite, una clase política que no está atendiendo y un lenguaje que aún sigue buscando responsabilidades individuales en desastres que necesitan una mayor gestión pública, la organización ya no solo es hacer ruido, sino que las comunidades lo comienzan a ver como una necesidad. 

En este contexto, el mundo ambiental ha levantado aún más las alertas tras algunos dichos de quien sería nuestro próximo Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien durante el Foro del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) afirmó que durante el próximo gobierno se generaría una desregulación del sector urbanismo y construcción y una “liberización del suelo”. Frases poco acertadas en un contexto de incendios, en el que tras las cenizas, no tenemos certeza de qué ocurrirá. 
Hoy la tensión entre medioambiente y la visión desarrollista del eventual gobierno es compleja, pero sobre todo, deja a las organizaciones en incertidumbre, una sensación que puede parecer inmovilizadora, pero que a su vez puede despertar debates, viejas discusiones, cuestionamientos y sobre todo, echar leña a descontentos que se vienen arrastrando desde antes. Porque la “temporada de incendios” termina en verano, pero la gestión del nuevo gobierno comienza recién en marzo.