En un contexto global marcado por retrocesos climáticos, crisis de confianza en el multilateralismo y crecientes riesgos para las comunidades que defienden el territorio, el Pabellón de Chile en la COP30 fue escenario del panel Justicia climática y derechos humanos: Avances en la rendición de cuentas en asuntos ambientales. La actividad reunió a referentes de organismos internacionales, academia, organizaciones juveniles, representantes del Acuerdo de Escazú y vocerías de pueblos indígenas bajo un objetivo común: robustecer la rendición de cuentas climática desde un enfoque de derechos humanos.

La discusión reconoció que la crisis climática ya no es solo un problema ambiental: es una amenaza real y cotidiana para el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la participación pública y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. América Latina, una de las regiones más afectadas por la desigualdad climática y el extractivismo, también ha sido un laboratorio jurídico y político para innovar en justicia ambiental. Desde el Acuerdo de Escazú hasta las sentencias de cortes nacionales y regionales, existen avances que ofrecen rutas concretas para fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la protección de personas defensoras.

El panel —moderado por Uno Punto Cinco ONG— profundizó en los desafíos de implementar estos marcos normativos en un escenario donde aumentan los conflictos socioambientales y donde los impactos del clima se traducen en violaciones a derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó la urgencia de integrar estándares internacionales en la gobernanza climática, garantizando mecanismos efectivos de monitoreo, denuncia y reparación.

Uno de los momentos más significativos fue la presentación de la campaña “La respuesta somos nosotros”, impulsada por pueblos indígenas de diversas regiones del mundo. Su mensaje es claro: ninguna transición ecológica será justa si reproduce lógicas coloniales, desplaza comunidades o ignora sistemas de conocimiento ancestral que han protegido los ecosistemas por siglos. La participación del representante electo del público de Escazú enfatizó la importancia de garantizar participación significativa y protección efectiva para quienes enfrentan amenazas por defender sus territorios.

El panel también abordó discusiones clave de la COP30, como la creación de mecanismos de reparación climática, el financiamiento para pérdidas y daños, y la necesidad de articular el sistema de Naciones Unidas con instrumentos regionales como Escazú. En particular, se subrayó que la crisis climática no puede seguir tratándose como un ámbito voluntarista, sino como un espacio regido por obligaciones jurídicas que los Estados deben cumplir.Para Uno Punto Cinco, este evento confirma la importancia de articular juventudes, academia y sociedad civil en la defensa de la justicia climática. En un momento donde el multilateralismo enfrenta tensiones y donde los impactos se profundizan año tras año, construir sistemas de rendición de cuentas sólidos no es solo una necesidad técnica: es una exigencia ética para proteger a las comunidades que hoy sostienen la primera línea de la emergencia climática.