Belém, Brasil. —Representantes de la sociedad civil latinoamericana realizaron una conferencia de prensa donde enfatizaron que esta cumbre, que vuelve a América Latina tras una década, debe ser un punto de inflexión en la legitimidad del multilateralismo y en la implementación efectiva del Acuerdo de París.
En un contexto donde las emisiones globales continúan en aumento y el uso de combustibles fósiles alcanza niveles récord, los expositores recordaron que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Internacional de Justicia han establecido que la acción climática constituye una obligación legal de los Estados, especialmente para proteger a las poblaciones más vulnerables.
NDCs: Ambición y cumplimiento efectivo
Verónica Mendoza, representante del bloque andino, señaló la urgencia de que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) estén plenamente alineadas con el límite de 1.5°C y que pasen de ser declaraciones a planes implementables. Además, propuso establecer revisiones anuales y mecanismos de cumplimiento vinculantes, descartando tecnologías de alto impacto socioambiental e incierto aporte a la descarbonización.
Transición Justa y Mecanismo de Acción de Belém
Por su parte, Javier Dávalos destacó la propuesta de crear el Mecanismo de Acción de Belém (BAM), un nuevo arreglo institucional dentro de la CMNUCC para coordinar la implementación de las NDCs y articular la cooperación regional.
“La transición justa no puede ser extractivista”, advirtió, alertando sobre el riesgo de que la creciente demanda por litio, cobre y otros minerales reproduzca conflictos socioambientales y vulneraciones territoriales en la región. El llamado fue claro: avanzar hacia una salida ordenada, equitativa y socialmente justa de los combustibles fósiles.
Adaptación como prioridad central
Daniel Porcel enfatizó que los impactos climáticos ya están generando pérdidas humanas y territoriales en América Latina. Instó a que la COP30 apruebe de forma urgente la lista global de indicadores de adaptación, paso indispensable para medir avances y canalizar financiamiento a nivel nacional.
Además, propuso triplicar el financiamiento para adaptación antes de 2030, dado que la brecha actual supera los 300.000 millones de dólares anuales, y fortalecer las capacidades locales para implementar planes de adaptación en comunidades y municipios.
Financiamiento climático: obligación legal, no caridad
Finalmente, Nicole Makowski recalcó que el financiamiento climático es una obligación jurídica, no una contribución voluntaria, conforme al Artículo 9.1 del Acuerdo de París. Expresó preocupación por la falta de una meta clara de provisión en la hoja de ruta Bakú–Belém, que debería alcanzar 1,3 billones de dólares.
“Sin un compromiso financiero real, la confianza en el proceso multilateral se erosiona y la transición justa queda en el papel”, afirmó.
Mensaje transversal
La sociedad civil latinoamericana coincidió en que la COP30 debe:
- Pasar de compromisos declarativos a decisiones implementables.
- Garantizar participación vinculante de pueblos y comunidades.
- Asegurar financiamiento público suficiente.
- Poner la justicia climática en el centro de la transición energética.
En palabras de los organizadores, “esta COP debe demostrar que América Latina no es solo víctima del cambio climático, sino protagonista de las soluciones justas y sostenibles que el mundo necesita.”
