El pasado 6 de agosto, los candidatos presidenciales debatieron sobre el futuro de la minería chilena, un sector que representa cerca del 14% del PIB y una parte importante de nuestras exportaciones. Un sector clave para la transición energética, pero hoy enfrentado a una disyuntiva estructural. Avanzar bajo una lógica que garantice protección ambiental y legitimidad social, o pisar el acelerador en nombre de la inversión, aunque eso implique tensionar los límites ecológicos y poner en riesgo la coherencia de una transición que, narrativamente, pretende ser “justa” y “sustentable”.

En los últimos meses, se ha instalado con fuerza una narrativa que busca posicionar a las organizaciones de la sociedad civil como un obstáculo para el desarrollo del país, especialmente a aquellas que se encuentran ligadas al mundo del activismo climático y ambiental. Una narrativa que definitivamente no es nueva, pero que en el último tiempo se ha alimentado tanto de declaraciones desafortunadas en foros empresariales como las de la candidata Evelyn Matthei y el supuesto freno de la industria salmonera, como de proyectos legislativos que buscan reducir la discusión ambiental a una cuestión de eficiencia administrativa.