En una reciente entrevista en televisión, Francisca Toledo, Ministra de Medio Ambiente, se mostró dubitativa en torno a conocimientos científicos básicos relacionados con el cambio climático. Más allá de su desconocimiento, el trabajo que aceptó, y cuyas bases están en la ley, obligan al Ministerio a actuar en beneficio del país, sus habitantes y su medio ambiente, haciéndose cargo de la crisis climática. Aunque ella misma así lo reconoció, hoy existen acciones que no apuntan en ese sentido.
Es el caso de la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. El reglamento y conformación de dicho espacio forma parte de los famosos “43 decretos” retirados por el Ministerio de Medio Ambiente para una teórica revisión que solo ha significado una demora en el despliegue de políticas ambientales urgentes, en lo que constituye una inactividad reglamentaria deliberada.
Mientras la crisis climática avanza y sigue dañando territorios, vidas y la economía del país, sería esperable que este Ministerio entendiera también la urgencia de desplegar las herramientas de la ley. Entre ellas, un elemento importante es la conformación de organismos participativos en que los distintos sectores sociales pueden converger en la búsqueda de soluciones para Chile.
Ismaela Magliotto, directora de Gestión ONG Uno Punto Cinco; y Ezio Costa, director ejecutivo ONG FIMA
