Resumen Ejecutivo
El análisis de los programas presidenciales actualmente revela un escenario fragmentado en torno a la agenda ambiental y climática. A diferencia de 2021, cuando la sostenibilidad aparecía como un eje transversal del debate político, en 2025 las propuestas priorizan el crecimiento económico e inversión. Este desplazamiento marca una nueva fase del debate público, en la que la acción climática se concibe principalmente como un instrumento al servicio de la productividad más que como un horizonte de transformación estructural.
En el panorama general se observan dos polos. El primero corresponde a las candidaturas que intentan compatibilizar desarrollo económico y sostenibilidad, buscando equilibrar inversión, regulación y protección ambiental. El segundo reúne a aquellas que privilegian la desregulación y la reactivación económica, con escasa incorporación de criterios ambientales. Dentro del primer grupo se encuentran Mayne-Nicholls y Enríquez-Ominami, que proponen fortalecer la regulación ecológica, junto a Jeannette Jara y Evelyn Matthei, quienes articulan el aumento de la producción minera o energética con mecanismos de resguardo ambiental. En el segundo grupo se ubican Parisi, Kast y Kaiser, que plantean visiones ideológicas centradas en la reducción de normas y una crítica abierta al ambientalismo, mientras Artés mantiene un enfoque estatista y productivista sin una estrategia ambiental clara.
El análisis de robustez programática muestra que Jeannette Jara y Evelyn Matthei presentan las plataformas más estructuradas, con objetivos medibles, plazos definidos y mecanismos de gestión identificables. Mayne-Nicholls, Enríquez-Ominami y Parisi alcanzan un nivel intermedio, incorporando instrumentos ambientales, aunque con escasa definición de metas o indicadores. Kaiser mantiene un discurso fuertemente ideológico con bajo sustento técnico, mientras Kast y Artés se ubican entre las propuestas menos sólidas, con medidas generales y sin respaldo de datos ni estrategias de implementación.
De forma transversal, la mayoría de los programas enfatiza la necesidad de reactivar la inversión y agilizar los procesos de aprobación de proyectos, aunque sin precisar cómo compatibilizar esa aceleración con evaluaciones ambientales rigurosas. Así también, un acuerdo transversal es el uso de tecnología de desaladoras para combatir la crisis hídrica. Persisten vacíos en materia de financiamiento, participación ciudadana y coordinación institucional, lo que limita la capacidad de construir una gobernanza ambiental coherente y efectiva.
En conjunto, los programas presidenciales 2025 reflejan una etapa política dominada por el pragmatismo económico y una pérdida de ambición ecológica. El país enfrenta el desafío de reconstruir un consenso climático que logre integrar eficiencia productiva, equidad social y sostenibilidad territorial. El debate presidencial se presenta como una oportunidad para rearticular un nuevo pacto de desarrollo que combine estabilidad económica, justicia ambiental y resiliencia a largo plazo.
